En relación a la Ley de Fármacos II, el Colegio de Químico-Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile emplazó a los parlamentarios de la Comisión Mixta a “tomar decisiones con mayores antecedentes y a la luz de experiencias que pueden aportar organizaciones sin fines de lucro y la Academia desde sus Escuelas de Salud Pública”, puesto que el tema “no admite errores”.
En la declaración pública, que cuenta con seis puntos, el gremio entrega distintos argumentos a considerar en la Ley de Fármacos II.
El primer punto es que “la regulación de precios debe ser transparente y en toda la cadena del medicamento. Esto implica regular tanto a la industria farmacéutica productora, a droguerías (distribuidores intermediarios) y a las farmacias”, sin embargo, las propuestas actuales sólo abocan a este último eslabón.
Detallan que “la propuesta de la FNE omite la regulación de droguerías o intermediarios que inciden significativamente en el precio final. A la vez, no soluciona una de las principales barreras de acceso dada por los productos innovadores, de elevado costo, sin opción alternativa genérica por más de 25 años debido a la patente farmacéutica”.
De aprobarse dicha iniciativa, el gremio advierte que “podría dañar severamente e incluso destruir la red de dispensación farmacéutica independiente de Chile, aumentar la concentración del mercado en las tres grandes cadenas retail, afectando con ello, la disponibilidad de medicamentos a la población más apartada y vulnerable”.
La agrupación propone que “para lograr mayor claridad en los precios de los medicamentos y proyectar la regulación de estos, se hace indispensable que Chile compare los precios de medicamentos con otros países de la Región y de otros continentes mediante observatorios de precios internacionales”.
A su vez, los profesionales evidenciaron que “no se ha visto en la discusión alguna propuesta concreta referida a la cobertura de los seguros de salud, toda vez que los beneficiarios deben incurrir en gasto de bolsillo para acceder a medicamentos”.
De esta forma, el gremio enfatizó en que el Parlamento debe considerar “voces expertas sin conflictos de interés y con estudios no subsidiados por partes con intereses económicos, muy activos en estrategias de lobby”.
Fuente: www.biobiochile.cl
